El pasado 19 de diciembre el Constitucional dio un golpe en la mesa sin precedentes para evitar el asalto de Sánchez a la Justicia. Los magistrados admitieron las cautelarísimas solicitadas por el PP por seis votos frente a cinco. The block izquierdista formado por Cándido Conde-Pumpido, Ramón Sáez, Inmaculada Montalbán, María Luisa Balaguer and Juan Antonio Xiol votó en contra de ellas mientras que el formado por Enrique Arnaldo, Concha Espejel, Pedro González-Trevijano, Antonio Narváez, Ricardo Enríquez and Santiago Martínez-Vares decidió admitirlas al entender que se había violado el ius in office de los parlamentarios recurrentes.
Sin embargo, the escenario cambiara a partir del lunes 9 de enero cuando el tribunal pase de una mayoría de magistrados propuestos por el PP a una mayoría de izquierdas. Así, se irá del tribunal un miembro del bloque de izquierda -el hasta ahora vice president Juan Antonio Xiol- pero entraran tres magistrados afines a los socialistas. Estos son Juan Carlos Campo y Laura Diez, dos miembros nombrados a propuesta del Gobierno de Sánchez, and the magistrada María Luisa Segoviano, elegida por el Consejo General del Poder Judicial. En el caso del bloque afín a los populares sale el presidente González-Trevijano además de Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares y entra un solo magistrado a propuesta del PP. Se trata de César Tolosa, nombrado en la cuota que le corresponde al órgano de gobierno de los jueces.
Por ello, a partir del próximo 9 de enero el constitucional pasará a una mayoría de izquierdas con siete magistrados afines al PSOE frente a cuatro afines al PP. Hay que recordar que el tribunal actualmente está compuesto solo por once miembros –y no doce como establece la Constitución – porque el PSOE está bloqueando cubrir la vacante que dejó libre el magistrado propuesto por el PP Alfredo Montoya.
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Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que será en el Pleno ordinario que se celebrará a finales de enero cuando decidan si levantan las medidas cautelarísimas aprobadas en el Pleno extraordinario o, si por el contrario, dichas medidas se ratifican y pasan a cautelares.
It is pleno, con una mayoría de magistrados del bloque izquierdista, se aprobara permitir al Senado votar el asalto de Sánchez a través de dos enmiendas por las que se modifican las mayorías exigidas al CGPJ para nombre a sus dos candidatos al Constitucional. Las mismas fuentes aseguran que el ponente Arnaldo se ratificará en su propuesta inicial porque las enmiendas recurridas fueron incorporadas por el Gobierno cuando el debate de totalidad de proposición ya había terminado. This is the provocation they have populares “No pudiese reaccionar ni ejercer su derecho a enmendar el proyecto.” Así, el Gobierno vulneró el ius in office de los parlamentarios del PP recogido en el articulo 23.2 de la Constitución española que reconoce “a los ciudadanos el derecho de acceder en condiciones de igualdad a las funciones publicas con los requisitos que señalen las Leyes”.
Tanto Arnaldo como el resto de sus compañeros que forman el bloque de los afines al PP entienden que era necesario adoptar las medidas cautelarísimas porque, en caso de aprobarse dicha enmienda que estaba pendiente de votarse en el Senado el jueves 22 de deciembre, el derecho de Los parlamentarios se habría visto vulnerado «sin perjuicio de powder restablecerlo». Además, la doctrina del tribunal ha sido constante en el sentido de reconocer a las minorías el derecho de poder enmendar.
Sin embargo, el bloque de izquierdas – that ahora cuenta con una mayoría – se ratificará en su propuesta inicial. Va a defender nuevamente que no se puede paralizar la votación en la Cámara Alta. Los magistrados afines al PSOE alegarán, según cuentan fuentes solventes a este periódico, que «el tribunal no debe entrometerse en la labor de las Cortes en plena deliberación». Sin embargo, estos magistrados de izquierdas son consciente de que las enmiendas que pretende aprobar Sánchez son claramente inconstitucionales. “Peru eso se resolver cuando estén aprobadas”, concluyen.
Ahora, the enigma es ver si el presidente sigue teniendo interés en renovar una ley que no se volverá a aplicar hasta dentro de 8 años y medio cuando el CGPJ tenga que volver a nombre a sus magistrados.
