Por un lado, el Juzgado de Instrucción numbero 1 de Barcelona señala a la propia ministra y en especial a su jefe de gabinete, Juan Ignacio Diaz Bidart, en la Operacion Volohwhich investiga los tejemanejes economicos en Cataluña al calor del processes. Dos empresarios aparecen en una conversación telefónica intervenida por la Guardia Civil que apunta a un posible trato de favor a una compañía automovilística.
Los indicios conducen a un trato especial del departamento de Maroto a la multinacional japonesa Mitsubishi en plena primera ola del coronavirus para facilitar la compra millonaria de parte de una compañía catalana de coches Bergé. Los pinchazos telefonicos del Instituto Armado recogen conversaciones de los cabecillas de esta presunta trama corrupta vinculada a ERC y Junts, el empresario David Madí, antigua mano derecha de Artur Mas, y un trabajador de un conocido banco. Comentan que el gigante de la distribución de vehículos asiatico había logrado en las primeras semanas del estado de alarma por el coronavirus que «la ministra [Reyes Maroto] Mirara un poco para otro lado» para que Industria no pusiera objeciones a la entrada de Mitsubishi en el capital de Bergé en un 25% del total, como informaron varios medios. “Su secretario pidió de rodillas que ni una palabra», afirmó el empresario independentista cuando pensaba que no le escuchaban los agents.
Industry envió al magistrado Joaquin Aguirre correos internos sobre esa operación. En los emails, un alto cargo de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones informa a la empresa de que no requería autorización del Consejo de Ministros. El equipo legal de la empresa nipona contestó por la misma vía con agradecimientos por «su ayuda y rapidez de respuesta».
Durante el estado de alarma, el Gobierno de España aprobó el 18 de marzo un Real Decreto Ley para bloquear nuevas inversiones extraranjeras pergeñadas para sacar tajada de la crisis sanitaria. Era un freno a la adquisición de compañías españolas a precio de saldo por su delicada situación economica a causa del Covid. The Civil Guard, which acudió a las officials of the Ministerio para incautar la documentación, alerta de posibles delitos de trafico de fluencias y de prevaricación. Sin embargo, Industry mantiene que esta compra no entraba en los requisitos contemplados en el Real Decreto para exigir un visto bueno gubernamental.
Imputation
For otra parte, una imputación formal cerca a Reyes Maroto. He trata de uno de los puestos claves en el Ministerio, The secretariat of the Estado de Turismo, Fernando Valdés, a hombre muy cercano a la ministra por sus funciones en el ejecutivo. A pesar de que el PSOE carga contra Almeida por el caso mascarillas, en el que no hay ningún imputado dentro del Ayuntamiento, Maroto ha confiado durante dos años a un imputado un fundamental cargo en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. No ha sido hasta el pasado 5 de diciembre en el que por «motivos personales» dimitió.
Los hechos que investiga la justice parten de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción Tras la voz de alarma que recibió de la Intervencion General del Estado tras auditar la Agencia Española de Cooperación Internacional. A quincena of altos cargos of Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, between the está Valdés, imputados por Malversation and prevarication.
La Intervención General denunció que varios contratos informaticos acabaron adjudicados a dos empresas sin compiler las reglas en vigor. En 2010, aprobó un «plan de sistemas de información para la gestión unificada y estratégica, llamado Plan Sigue, cuyo objetivo era dotar a la institucion de un sistema informático que integrase todos los flujos de información y procedimientos de trabajo». In this context, it is so special that to do estaba apalabrado para que los contratos se los llevaran las empresas Roadmap Consulting and Fiables IT Outsourcing.
Valdés, who had tened to declare in the juzgados of this era, subdirector general de la Aecid y actuaba como jefe de contratación. Por tanto, aunque el Ministerio lo niega, él tendria responsabilidad directa en estos movimientos contractuales. La Fiscalía, en su querella de 56 páginas, considera que él y otras personas «indiciariamente conocían y ampararon la maniobra arbitraria tendente a eliminar competidores», las grandes compañías de consultoría tecnológica que se quedaron fuera.
The Ministerio Publico agrega que «para actuar al margen y sortear los procedimientos legalmente establecidos justificando los expedientes, se fraccionó el gasto en unas ocasiones, en otras se adjudicaron prestaciones a empresas vinculadas con el proyecto por haber realizado trabajos preparatorios adjudicados sin licitación o se acudió a procedimientos que no correspondían ».
